El pasado 6 de junio presentamos la Memoria 2022 de Cáritas Diocesana de Sevilla. No quiero referirme a los datos que arroja, sino a una circunstancia que sobresale entre otras. El año 2022, superada ya la fase dura de la pandemia de la covid19, ha supuesto una cierta vuelta a la
normalidad. Pero, en mi opinión, destaca un hecho: por encima de coyunturas que tienen que ver con las crisis económicas, como ocurrió en el año 2013, o por la crisis sanitaria de la pandemia, la pobreza y la exclusión social aparecen como un fenómeno estructural, cronificado y persistente en nuestra sociedad, particularmente significativo en determinados barrios y pueblos de la geografía de la archidiócesis.

Solo algunos datos: el 29,1% de nuestros hogares se encuentran en

situación de pobreza, 8,7 puntos por encima de la media española; el 11,3% de los hogares está en situación de pobreza severa, 3,6 puntos por encima de la media nacional; los hogares con baja intensidad en el empleo suponen el 12,3%, casi 4 puntos por encima de la media;los hogares cuyo sustentador principal es una mujer, aquellos hogares con hijos y los hogares de inmigrantes son los que tienen las tasas más altas de exclusión social. Y nuevamente aparece la ciudad de Sevilla como la que concentra aquellos barrios, cinco en concreto, con las tasas más bajas de ingresos de entre los barrios con menores ingresos de España.

La escasez de recursos dedicados a la lucha contra la pobreza y la exclusión, la nula eficacia de los planes diseñados para atajar estas situaciones, la escasa cobertura de las ayudas y prestaciones como el ingreso mínimo vital o las rentas mínimas puestas en marcha por las administraciones, la falta de integralidad de las actuaciones públicas y también de las que llevan a cabo las entidades sociales, y unas medidas que no atajan los problemas de raíz sino que se limitan a parchear, cuando no la exclusiva mirada asistencialista que las inspira, son causa de esta pobreza estructural y persistente en el tiempo.

Estamos ante una auténtica emergencia social en algunas zonas de la provincia, cuya situación de pobreza y exclusión representan un fracaso colectivo que nos compete a todos y de la que todos somos responsables. Es evidente que la responsabilidad mayor compete a las administraciones públicas y su escaso compromiso político y económico con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Pero también existe una responsabilidad de los agentes económicos y sociales. Y también es algo de lo que en Cáritas nos sentimos responsables.

La Doctrina Social de la Iglesia, guía de inspiración en

el trabajo de Cáritas nos insiste una y otra vez sobre que la caridad no puede limitarse a una mera asistencia que no intenta atajar las causas que generan las situaciones de pobreza y exclusión. Una caridad que sea ciega ante las estructuras generadoras de la pobreza contribuye a la perpetuación de la injusticia. Nuestra acción, aunque a veces nos exige actuar de manera inmediata para paliar los efectos más burdos de dicha pobreza, tiene que incorporar la promoción, la denuncia y la lucha contra las causas generadoras de esas situaciones.

Cuando escribo estas líneas se acaban de renovar las corporaciones locales, que tanta importancia tienen en las políticas sociales, y próximamente entraremos en un periodo electoral en el panorama nacional. Ojalá aquellos en los que el pueblo deposite su confianza para dirigir la sociedad en los próximos años trabajen decididamente por el bien común y, de manera especial, por aquellos a los que golpea más duramente la injusticia y la desigualdad.

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