En este sentido, el texto destaca cómo el acceso al derecho a la vivienda constituye una de las principales reivindicaciones de Cáritas, especialmente la propuesta de condiciones accesibles de alquiler, la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas excluidas y el fomento de medidas contra la segregación residencial. Según recuerda el documento, estas reivindicaciones están contenidas en el documento “Propuestas políticas de Cáritas Española ante los retos actuales de la situación social”, que fue remitido en septiembre de 2011 a todos los grupos con representación parlamentaria. El documento recuerda asimismo la declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, publicada el pasado mes de octubre, sobre la crisis económica. En ella se señalaba "al drama de las familias expulsadas de sus casas por el desahucio" como una de las consecuencias "más acuciantes y dolorosas de la crisis", y se reclamaba la "búsqueda urgente de soluciones que permitan a esas familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle". Sobre ello, Cáritas, que reconoce la voluntad política de aportar soluciones al problema, valora el conjunto de medidas aprobadas como "una reacción insuficiente, tardía y no consensuada" ante la movilización social. "El Gobierno se ha quedado solo en este planteamiento", expresa. Del mismo, el texto advierte de la exclusión de las medidas de una gran parte de familias y personas en situación vulnerabilidad, y critica su aplicación criterios y ratios excesivamente restrictivos y economicistas. Junto a ello, el documento alerta de la parcialidad fundamental de las medidas, que dejan fuera aspectos nucleares del problema como la deuda pendiente, la facultad de las entidades financiera para continuar el embargo de bienes, la dación en pago o los lanzamientos en los supuestos de desahucio por impago de renta, entre otros. Finalmente, el texto denuncia la constatación de que el abordaje de la dramática situación de vivienda que se vive en nuestro país se realice "desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico, sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada". Documento de valoración del Real Decreto-Ley

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